Por Nicolapps, Defensor de los Derechos Humanos
En noviembre de 2024, el expresidente Donald Trump designó a Tom Homan como el nuevo “zar de la frontera”, una figura clave en la implementación de políticas migratorias más agresivas en Estados Unidos. Lo que pocos sabían hasta hace poco, es que su seguridad personal representa una carga millonaria para los contribuyentes estadounidenses.
Según un informe de CBS News, el costo anual de proteger a Homan asciende a unos 12 millones de dólares, cubiertos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Esta suma incluye el despliegue de más de 30 agentes especiales que lo custodian las 24 horas del día, siete días a la semana. Los gastos también contemplan vuelos, alojamiento y otras necesidades logísticas del equipo de seguridad, compuesto por miembros de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El dispositivo de seguridad protege a Homan en su residencia, en las oficinas del Ala Oeste de la Casa Blanca, y en la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Washington D.C., además de acompañarlo en todos sus traslados.
¿El motivo de esta protección sin precedentes? Amenazas de muerte que Homan asegura haber recibido tras asumir su cargo. Como rostro visible de las redadas masivas del ICE y defensor acérrimo de las políticas antimigrantes, no sorprende que se haya convertido en una figura controversial. Lo preocupante es la falta de transparencia: el propio DHS se ha negado a confirmar o desmentir la cifra, aunque aseguró que su deber es mantener seguros a sus líderes ante la “retórica peligrosa” de críticos y activistas.
La magnitud del gasto es difícil de justificar, especialmente cuando se compara con otros casos: figuras como los exasesores de Seguridad Nacional John Bolton y Robert O’Brien también contaron con seguridad especial financiada por el gobierno, con montos similares, mientras que Betsy DeVos, exsecretaria de Educación, recibió protección por entre 5 y 8 millones de dólares al año.
Según un análisis del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, el presupuesto del DHS aumentará en 2025 en 65 millones de dólares respecto al año anterior. En este contexto, cabe preguntarse: ¿es realmente prioritario destinar semejante cantidad de recursos a la protección de un funcionario cuya labor ha generado un profundo rechazo en comunidades migrantes?
Más allá del debate presupuestario, este caso refleja una contradicción grave: mientras se intensifican las redadas y se despoja de derechos a miles de inmigrantes, se protege con recursos públicos a quienes impulsan estas políticas, sin exigirles rendición de cuentas.
La seguridad de Tom Homan se convierte así en un símbolo más de las prioridades invertidas de un sistema que criminaliza la migración, mientras refuerza con millones de dólares el blindaje de quienes ejecutan estas medidas.
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