Por: Nicolapps, Defensor de los Derechos Humanos
En América Latina se suele acusar a Venezuela de haberse convertido en un “narco-Estado”. Se señala a Nicolás Maduro, sin que exista todavía una sentencia judicial que lo condene, como un presidente sostenido por el narcotráfico. Pero lo que nunca se menciona con la misma fuerza es lo que ocurre en la República Dominicana: un país que, bajo el liderazgo de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), vive la infiltración del crimen organizado en su política, en sus instituciones y en su democracia.
El narco como financiador de la política
No es un secreto. Durante décadas, narcotraficantes financiaron candidaturas a cambio de protección e impunidad. La diferencia hoy es que esos mismos sectores ya no se limitan a ser padrinos en la sombra: ahora colocan diputados, alcaldes, ministros y legisladores en puestos clave del Estado. Casos como el del exdiputado Miguel Gutiérrez, apresado en EE.UU. por narcotráfico, son apenas la punta del iceberg.
La consecuencia es grave: un partido que se presentó como alternativa de cambio ha abierto las puertas al poder económico del narcotráfico, permitiendo que éste financie campañas y condicione decisiones del gobierno.
El tráfico de haitianos: la otra cara del crimen organizado
Al lado del narcotráfico, el tráfico de personas haitianas se ha convertido en otra de las economías ilícitas más rentables. Miles de migrantes cruzan la frontera cada mes en redes controladas por mafias que cuentan con complicidad estatal. Es un secreto a voces: sin el consentimiento —activo o pasivo— de funcionarios y autoridades locales, el tráfico humano no podría sostenerse.
Cuando un Estado permite que se comercie con vidas humanas, cuando las fronteras se convierten en un negocio controlado por redes criminales, se está ante un modelo de narco-Estado ampliado, donde no solo la droga, sino también la trata de personas, financia la política.
Impunidad como norma
La lista de escándalos de corrupción que circula entre la ciudadanía es larga: el caso de las jeringas, INABIE, IMPOSDOM, Superate, Tony Millones, el caso Lotería, el intrincado entramado de contratos irregulares en Educación, Agricultura y hasta fideicomisos cuestionados. La mayoría de estos procesos se han quedado en la nada, confirmando que el sistema de justicia es incapaz de tocar a quienes forman parte del círculo de poder.
La impunidad es el fertilizante de este narco-Estado: si los corruptos no pagan, si los narcos se convierten en legisladores, si los traficantes de haitianos se vuelven empresarios respetables, entonces la democracia dominicana está secuestrada.
La gran pregunta
¿Con qué legitimidad se señala a Venezuela como un narco-Estado cuando, en República Dominicana, el crimen organizado ya tiene asiento en el Congreso, en ministerios y en la administración pública?
Lo que vive hoy mi país no es solo un problema de corrupción: es una captura del Estado por las mafias. Y mientras se mantenga esta complicidad, la República Dominicana seguirá deslizándose hacia un escenario donde los narcos y traficantes no solo financian al poder, sino que se convierten en el poder mismo.
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